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Mensaje del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el marco de la Firma de Convenio para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos, entre la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C.

Discurso

México, D.F., 20/04/2015

Muy buenas tardes a todas, a todos.
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
Comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín.
Me da mucho gusto también saludar al presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Ricardo Ríos Ferrer.
También dar la bienvenida y saludar a las y los Visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como a miembros de la Junta Directiva de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.
Saludo a los medios de comunicación, lamento la premura con la que fueron convocados y les damos también la bienvenida.
Señoras y señores.
Si me lo permiten, antes de comenzar mi intervención, referirme a la información que ha circulado en medios, sobre Apatzingán, en Michoacán.
Primeramente, reiterar que las instituciones de seguridad del Gobierno de la República, han realizado una importante labor de apoyo a la población en Michoacán, y particularmente a la región de Tierra Caliente.
En segundo lugar, señalar que en este gobierno, hemos trabajando intensamente para que las fuerzas federales sean siempre ejemplo de honestidad, apego a derecho y respeto irrestricto a los derechos humanos.
Por ello, en este caso específico, se ha solicitado a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, realizar la investigación correspondiente para aclarar los hechos.
La ciudadanía será debidamente informada de los resultados de estas investigaciones.
Comentaba hace un momento con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también me comentaba, el que existe una queja abierta desde que ocurrieron los hechos y, que por supuesto, ellos seguirán el procedimiento respectivo.
Lo comento, con su autorización, esto que acabamos de comentar, el presidente y su servidor.
Señoras y señores, un México de igualdad, es un México donde se respetan los derechos de todos, todos los días.
En el que las libertades más fundamentales, se garantizan en la ley y en la práctica.
En el que, antes que nada y por encima de todo, está la dignidad de las personas.
Avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos, es avanzar hacia mayores niveles de bienestar.
Es abrir puertas a quienes las encontraban cerradas por la desigualdad, y es dotar a todos de las mismas oportunidades, más allá de su género, origen, condición o circunstancia.
La tarea de darles plena vigencia, no es, de ninguna manera, un reto menor. Requiere de un auténtico compromiso de todos los sectores y de todas las personas.
El convenio que hoy nos convoca es muestra de esa suma de voluntades. De cómo damos un paso más para transformar normas y principios, en mejores condiciones de vida para las y los mexicanos.
Y digo un paso más, porque con cada una de las instituciones aquí representadas, hemos trabajado en torno a un mismo propósito: hacer realidad los derechos que reconoce nuestra Constitución.
En el caso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se creó a partir de la decisión del Presidente Enrique Peña Nieto, el primer día de su gobierno, de desistirse de la controversia constitucional que había impedido la publicación de la Ley en materia.
Hoy la Comisión –como lo ha referido su presidente– ya cuenta con un Reglamento, un Registro Nacional de Víctimas, una Asesoría Jurídica y un Fondo de Ayuda.
Porque para este gobierno, es prioritario garantizar el acceso pleno a la justicia, particularmente de quienes se encuentran ajenos a ella por circunstancias económicas o sociales. Pues no hay justicia real si su umbral solo lo atraviesan quienes cuentan con recursos.
Se trata de que ahí donde haya una víctima, esté siempre el Estado, con la ley que le protege y las instituciones que lo respaldan.
También trabajamos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuyas recomendaciones hemos aceptado en su totalidad en esta administración.
Porque estamos convencidos de que una relación de respeto y cooperación como la que hemos llevado, da resultados en beneficio de las y los mexicanos.
Lo mismo con los organismos internacionales, con los que, no quepa duda, coincidimos en un amplio número de temas y mantenemos un diálogo franco y siempre constructivo.
Y de esa misma manera, hemos venido trabajando con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a través de un acuerdo que firmamos hace unos meses para avanzar juntos en otra de las grandes transformaciones que atraviesa nuestro país: la justicia penal.
De modo que el convenio que hoy suscribimos no es de ninguna manera un elemento aislado, sino una pieza muy importante de este gran andamiaje de colaboración que hemos ido construyendo en 28 meses de gobierno.
Uno que inició con el diseño y puesta en marcha del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, en el que participa activamente, siempre, la sociedad civil.
Que se complementó con los programas especiales que están en marcha para atender y erradicar la trata de personas; la violencia de género y la discriminación, y que ha ido materializándose con cada una de nuestras acciones, poniendo siempre al centro a las personas.
Ahora, gracias a este acuerdo, avanzamos en el cumplimiento de la obligación constitucional que tenemos los funcionarios de proteger y defender los derechos humanos.
Servirá también para que las víctimas del delito cuenten con abogados especializados que los asistan en su defensa y en la aplicación del principio pro-persona.
Junto con ellos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva, podrán brindar una defensa y protección todavía más sensible e integral, a partir de la suma, siempre, de todos, de todas las capacidades.
Por eso les extiendo a todos mi mayor reconocimiento. Pues, insisto, traducir derechos en realidades concretas es una labor que no puede llevarse a cabo de manera aislada.
No es por decreto, sino con trabajo y compromiso como podemos consolidar una verdadera sociedad de derechos.
Ello requiere necesariamente de la corresponsabilidad y de la eficiencia en el uso de los recursos.
En el Gobierno de la República, así lo entendemos y con esa convicción estamos trabajando.
Apenas el jueves pasado, me reuní con los integrantes de la Mesa de Trabajo que instalamos hace un año para armonizar normas, reglamentos y protocolos con la reforma de 2011.
Se trata de un esfuerzo de 63 dependencias, cada una aportando su parte, cada una encontrando las áreas de oportunidad para que sus programas, sus políticas y sus acciones tengan una perspectiva de derechos humanos.
Para dimensionar el trabajo de esta mesa, baste señalar que durante el último año se analizaron más de 67 mil ordenamientos jurídicos.
También estamos dando una amplia difusión a la Reforma Constitucional de 2011, para que las personas conozcan sus derechos y exijan su cumplimiento.
Pero sobre todo, para sensibilizar a la ciudadanía y generar una cultura de tolerancia, de respeto y de no discriminación, que en sí misma, es una de las herramientas preventivas más poderosas que podemos implementar.
A la par, y cumpliendo con una instrucción del Presidente de la República, estamos trabajando con la PGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en una iniciativa de Ley de Personas no Localizadas y Desaparición Forzada.
Se trata de contar con los mecanismos que nos permitan prevenir, investigar y sancionar el delito de manera más eficaz. Y, al mismo tiempo, dotar a las entidades de mejores herramientas y protocolos para la búsqueda y localización de personas.
En ello estamos colaborando con organismos como la Cruz Roja Internacional y con diferentes organizaciones de la sociedad civil, para integrar sus aportaciones a la iniciativa, a fin de retomar las mejores prácticas y cumplir con estándares de nivel mundial.
Porque el compromiso de este gobierno es construir soluciones a partir del diálogo, la apertura y la suma de experiencias y capacidades.
Porque como lo mencioné hace unos días, proteger los derechos humanos no es una opción, sino una obligación. Así lo asumimos y así lo debe de asumir toda autoridad.
Los derechos humanos no son negociables: la sociedad debe ejercerlos y los gobiernos, garantizarlos.
Lograr su goce pleno nos obliga a poner el bienestar de las personas al centro de la acción política.
Porque es así, pensando en las personas como se diseñan programas y políticas efectivas para dar solución a nuestros retos colectivos.
Y la base de todo ello, debe ser un piso mínimo que garantice el respeto a la dignidad, a las libertades y a los derechos fundamentales.
Porque ahí donde los derechos humanos son una realidad, cada persona puede elegir su propio destino.
Enhorabuena a todas y a todos por este convenio, y enhorabuena también por la manera en que juntos estamos pasando del papel a la práctica, del trabajo aislado a los esfuerzos conjuntos, y de los discursos a las acciones concretas.
De los grandes ideales, a los grandes cambios que cierran la puerta a la injusticia y a la intolerancia, para abrir, para abrir siempre la del respeto y la de la igualdad.
 

-Dirección General de Comunicación Social-

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Última modificación:
Sabado 19 de diciembre de 2015 a las 17:04:25 por Prensa Prensa