Sala de prensa

Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, en el marco del Análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ante integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.

Discurso

México, D.F., 22/10/2015

Diputada Mercedes del Carmen Guillen, presidenta de la Comisión de Gobernación.

Diputado Miguel Ángel Yunes Linares, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Señoras y señores coordinadores de las distintas fracciones que integran esta Legislatura.

Señoras y señores legisladores de las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública.

Diputadas y diputados.

Agradezco la oportunidad de este, el primer encuentro con ustedes, en el marco de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, para informar a ustedes los legisladores, y muy importante, a la ciudadanía.

Lo hago siempre convencido de que es a través del diálogo plural, pero siempre respetuoso y constructivo, como podemos dar respuesta a las demandas de las y los mexicanos.

En atención a los acuerdos que ustedes tomaron, y al tiempo que se determinó para esta intervención inicial, haré, si me lo permiten, un repaso general de la situación que guarda la política interior y con gusto ahondaré en sus preguntas.

Este año ha sido uno de avances importantes, pero sin duda, también de retos.

Ha sido un año en el que México ha tenido que enfrentar grandes desafíos, que nos han convocado a brindar respuestas también de gran talla y estatura.

Ha requerido, por ejemplo, acercarnos y hablar de frente a los universitarios, para construir junto con ellos, las respuestas a cada una de sus problemáticas.

Ha demandado actuar con firmeza para que ningún interés de grupo o personal se interponga a la instrumentación de las reformas estructurales, pasando, por supuesto, por la más importante: la reforma educativa.

Y ha exigido responder con hechos, a una sociedad lastimada por lo ocurrido el 26 y 27, allá en Iguala.

Insisto, tenemos claro que hay retos y que no ha sido un año sencillo para México.

Pero gracias a que hemos manteniendo la convicción de dialogar, acordar, y actuar con transparencia, hoy la gobernabilidad de nuestro país está garantizada.

Nuestra obligación y compromiso es estar ahí, con las y los ciudadanos, y así lo hemos hecho.

Trabajamos con la ciudadanía, con los partidos, con los Poderes de la Unión y los demás órdenes de gobierno.

Lo hacemos convencidos de que la política, la buena política, es y seguirá siendo la forma de transformar nuestras instituciones y continuar generando los cambios que el país necesita.

Teniendo claro que ante problemas nacionales, se requieren siempre respuestas de Estado.

Que conciliar no significa claudicar, sino sumar.

Que cualquier dificultad que el país atraviese, no afecta solo a un partido o a un gobierno, que por el contrario, nos atañe a todos, y todos debemos hacer lo que nos corresponde.

Esta premisa también es la que rige nuestra actuación en materia de seguridad, lo que nos ha permitido pasar de los esfuerzos aislados, a una estrategia que suma y articula las capacidades del Estado mexicano.

Así es como aquellas regiones que se encontraban más lastimadas por la violencia, hoy están recuperando la tranquilidad que sus familias y comunidades merecen.

Desde Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Durango hasta Michoacán, San Luís Potosí, Tamaulipas, Morelos y varios estados más, hemos acudido en apoyo de las entidades para hacer frente a los delitos, a los delincuentes, sin importar al fuero al que pertenecen estos delitos.

Esto se ha logrado porque la seguridad ya no está al servicio de la política. Por el contrario, en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, la política está al servicio de la seguridad.

Mantenemos una comunicación y colaboración permanentes con los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil.

De ello dan cuenta las más de 60 reuniones que el Gabinete de Seguridad ha mantenido con los gobernadores, así como las miles que se han realizado, los Grupos de Coordinación Local.

Y a tres años, hoy es un hecho que la violencia y los delitos están disminuyendo en gran parte del país.

Les comparto algunos ejemplos.

De acuerdo a la última cifra publicada, comunicada por el INEGI, entre el 2012 y 2014, la tasa de homicidios bajó de 22 a 16 por cada 100 mil habitantes. Esto significa una reducción del 25 por ciento en tan solo dos años.

Asimismo, a través de la Estrategia Nacional Antisecuestro, que prioriza la acción coordinada con las 10 entidades donde se concentra este delito, entre enero y agosto de 2015, se logró reducir 32 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior.

Lo mismo en el caso del robo, que disminuyó en 10 por ciento, o la extorsión, que ha bajado casi 17 por ciento. Ambos, en el periodo ya señalado.

En otras palabras, todos los delitos de alto impacto se están reduciendo significativamente.

Esto no quiere decir, lo dejo muy claro, que la tarea esté concluida. Y por supuesto, somos los primeros en reconocer que persisten retos. Pero a cada uno de ellos, le seguimos haciendo frente con decisión y compromiso.

Además de lo inmediato, estamos actuando para erradicar las causas que generan la violencia. Pasando de las respuestas coyunturales, a las soluciones de fondo.

Así, el Programa Nacional de Prevención beneficia hoy a casi cinco millones de personas que habitan en los municipios donde se concentra más del 50 por ciento de los delitos del fuero común.

Como parte de este esfuerzo, en tres años se han destinado más de siete mil 700 millones de pesos a generar oportunidades para niñas, niños, mujeres y jóvenes.

Así se está evitando que quienes viven en colonias vulnerables opten por actividades fuera de la ley.

Adicionalmente, hemos dado prioridad al fortalecimiento institucional a nivel local. El objetivo es que sin importar dónde vivan, dónde vivan los ciudadanos, siempre puedan confiar en sus policías.

Para ello, hemos venido trabajando desde el Consejo Nacional de Seguridad Pública, impulsando un modelo integral de desarrollo policial, que profesionalice y dignifique su labor en estados y municipios.

Se trata de una tarea en la que la Federación coadyuva, pero en la que cada orden de gobierno debe de asumir su responsabilidad.

Y si bien ha habido avances, el modelo que ha persistido por décadas, ha probado ya ser insuficiente.

La coexistencia de miles de corporaciones locales fragmentadas y poco profesionales ha permitido, incluso, que en algunos casos estas fueran intervenidas por la delincuencia organizada.

Los hechos ocurridos en Iguala son el ejemplo más doloroso e indignante de ello. Se trata de hechos que siguen y seguirán siendo investigados a fondo.

Ya se ha detenido a 111 presuntos responsables, pero se seguirá adelante hasta dar con el último culpable y acreditar plenamente qué fue lo que sucedió. La verdad que todas y todos los mexicanos merecen saber.

Pero para que nunca se repita un caso igual, debemos traducir la indignación en cambios de fondo.

Debemos replantear el diseño institucional de los cuerpos de policía, y dotar al Estado mexicano de herramientas que le permitan actuar de manera oportuna y eficaz ante situaciones extraordinarias.

Ese es precisamente el objetivo de la iniciativa que el Presidente envió al Senado en diciembre pasado.

La propuesta está en la mesa y la inacción no es alternativa. Tomemos juntos medidas contundentes para fortalecer el Estado de Derecho en los municipios, y por supuesto en todo el territorio nacional.

En materia de justicia, hemos dado un impulso sin precedentes a la transformación del sistema penal, para pasar de una justicia lenta, costosa y opaca, a una justicia confiable, pronta y transparente.

Con este objetivo, hemos brindando todo el apoyo a las entidades federativas, lo mismo impulsando la armonización legislativa que canalizando recursos para infraestructura, capacitación y difusión.

Y mientras en el 2012 el Sistema no operaba ni siquiera de manera parcial en más de la mitad del país, hoy ya opera en 31 entidades de la República, y en seis de ellas, lo hace de manera total.

Las universidades, las barras de abogados y las organizaciones de la sociedad, con las que también trabajamos, han sido aliados clave en este proceso.

Y por supuesto, el Congreso de la Unión ha tenido un papel fundamental con la aprobación del marco jurídico que le da sustento al sistema acusatorio.

Pero es necesario concluir esta tarea, fortaleciendo el último eslabón del proceso penal. Me refiero por supuesto al sistema penitenciario nacional.

Para que ningún mexicano que sea inocente, pise la cárcel. Para que ningún culpable pueda evadir la ley por cuestiones de procedimiento.

Y hay que decirlo, también para que nunca más se repitan sucesos como los ocurridos en el Altiplano.

Respecto a este caso en particular, subrayo que todas las pruebas, incluyendo las que se hicieron públicas en días recientes, se entregaron en tiempo y forma a la autoridad ministerial.

Reitero que actuamos con un estricto respeto a la legalidad y con absoluta transparencia. Siempre dentro de los límites que nos marca la ley, para no poner en riesgo la investigación en curso.

Más allá de coyunturas, no perdamos de vista que la fuerza de las instituciones siempre será mayor a la de cualquier criminal.

Instituciones que con vocación y capacidad probadas, hoy trabajan día y noche en la recaptura de este delincuente, y por supuesto, de otros objetivos, como se ha validado con 93 de los 122 más peligrosos buscados en los últimos cinco, 10, 15 o 20 años a nivel nacional y a nivel internacional.

El Gobierno de la República ha asumido su responsabilidad y ha impulsado una investigación que ya arroja resultados.

Muestra de ello son las consignaciones de las personas que operaron la evasión, anunciadas el día de ayer por la Procuradora General de la República.

Para evitar que un hecho así se repita, en septiembre pasado dimos un paso importante en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a fin de avanzar en el objetivo de que todas las cárceles cuenten con personal confiable y protocolos con los más altos estándares.

Exhorto de manera respetuosa a que el Congreso de la Unión debata, y en su momento, si esto es posible, se apruebe, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Una ley que nos permitirá blindar, de mejor manera, a nuestro sistema penitenciario.

Pero que además, contribuirá a fortalecer el respeto de los derechos humanos, también ahí, en las cárceles del país.

Porque es un compromiso de este gobierno, que los derechos fundamentales se protejan y se garanticen. Que ninguna política o acción, justifique obviarlos o pasar por encima de ellos, y que el mandato de nuestra Constitución, pase del buen diseño en el papel, a la práctica cotidiana.

Para ello, hemos promovido la aprobación leyes e implementado mecanismos de avanzada.

Hoy la Ley General de Víctimas no solo se encuentra vigente, sino que el Sistema Integral ya opera con un fondo de reparación.

Contamos con una Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que permitirá coordinar y desarrollar mejores políticas públicas para la infancia.

Hemos hecho de la alerta de género, en otro tema, un mecanismo efectivo y sin tintes políticos para actuar ahí, precisamente ahí en el lugar, donde se comete actos de violencia contra las mujeres.

Asimismo, para sensibilizar sobre la importancia de la no discriminación, tan solo en el último año, se capacitó a cerca de 43 mil funcionarios federales y estatales.

Este compromiso se refleja en una disminución de más del 60 por ciento en las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha emitido a la Administración Pública Federal del 2012 al 2014.

Actuamos con absoluta transparencia, atendiendo nuestras obligaciones internacionales, pero sobre todo, rindiendo cuentas de cara a la sociedad mexicana.

Ejemplo de ello, son las visitas recientes que realizaron la Comisión Interamericana y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

Que no quepa duda, el Estado mexicano tiene claridad en sus retos, y ante cada uno de ellos, seguiremos actuando con soluciones de fondo.

Debemos de aceptar y así lo hemos hecho, nuestra realidad, pero es fundamental que también se reconozcan los avances que hemos logrado todas y todos, todos los integrantes del Estado mexicano.

En migración, un tema en el que se había trabajado bajo una lógica que ya no correspondía a la realidad del fenómeno, diseñamos e instrumentamos políticas específicas para las necesidades de cada frontera. Siempre poniendo al centro la dignidad de las personas, sin importar su origen o condición.

En el norte, lo estamos logrando a través del Programa Somos Mexicanos, que al día de hoy, ha beneficiado a más de 210 mil connacionales, brindándoles un trato digno a su regreso, que ahora se hace de forma ordenada y segura, en puntos y horarios establecidos con las autoridades de los Estados Unidos.

Por su parte, en el sur, trabajamos desde una perspectiva que permita garantizar la seguridad, incentivar el cruce formal y promover el desarrollo de la región.

Tan solo entre septiembre de 2014 y junio de 2015, se entregaron más de 124 mil tarjetas de visitante regional, con lo que se está regularizando el ingreso de miles de ciudadanos centroamericanos, particularmente a nuestro país.

De igual forma, estamos haciendo frente a la migración infantil. En un año, más de 400 Oficiales de Protección a la Infancia dieron asistencia y protección a casi 20 mil menores extranjeros retornados.

En suma, estamos haciendo que cada vez más nuestras fronteras sean espacios de unión, convivencia y prosperidad.

Y en protección civil, hemos fortalecido la coordinación y pasado de un enfoque que solo reaccionaba ante las emergencias, a uno que privilegia la prevención y la atención oportuna.

Gracias a ello, hemos hecho frente a fenómenos como Ingrid, Manuel u Odile, donde bajo otra lógica los daños pudieron haber sido mucho mayores, con un tratamiento distinto.

Y también, gracias a que hoy contamos con mejores herramientas preventivas, hemos podido darle seguimiento a los fenómenos desde que se originan, para mantener a la población debidamente informada.

Así lo hemos estado haciendo esta semana con el huracán Patricia, que aprovecho, diputadas, diputados, el poder mencionar a lo que nos vamos a enfrentar como país en las próximas horas.

Patricia está ya en Categoría 4, impactará los estados de Nayarit, Colima y Jalisco, atravesará prácticamente nuestro territorio por Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, y muy seguramente llegará hasta Tamaulipas.

La velocidad de los vientos, el tamaño en su diámetro, de casi 400 kilómetros, colocan a este fenómeno como uno de los más peligrosos que se está acercando a territorio nacional.

Hemos hecho ya lo pertinente en materia de información a la sociedad.

El Comisionado de Protección Civil, Luis Felipe Puente y todo su equipo, ya se encuentran en los tres estados.

He tenido comunicación con los gobernadores de estos estados, y lo haré con el resto, porque hay un pronóstico complejo, que se ve aún más difícil. No nos gusta hablar en las especulaciones, pero sí creemos que respecto a lo que se nos viene informando, más vale comentarlo desde ahora en que puede subir aún más de categoría, de velocidad.

Que puede, ante la entrada de un frente frío en la zona noroeste de nuestro país, hacer que se quede detenido este fenómeno, este huracán, y entonces las complicaciones aún sean mayores.

Por eso, agradezco que me permitan desde aquí, mandar esta información a todas y a todos los ciudadanos que viven en estos tres estados particularmente.

Y referirme a la zona aledaña al volcán de Colima, estamos, hemos tomado la decisión de desalojar, de trasladar a todos los ciudadanos que están en estos lugares, dado que por el agua que concentra este huracán, por la velocidad del aire, de los vientos, seguramente entonces lo que sucedió con la erupción del volcán hace un par de semanas, originará que todo este material baje, y es material altamente peligroso.

Así que esperamos la comprensión, la ayuda, el apoyo de todos los habitantes de este lugar.

Me permito compartir con ustedes también, que ahora los recursos del FONDEN se entregan días, y no en meses, y los apoyos, en menos de la mitad del tiempo.

Esto nos ha ganado como país, el reconocimiento internacional. De ahí que México haya sido elegido por la ONU como sede de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, del 2017.

Ante emergencias, actuamos siempre de la mano de las autoridades locales, la sociedad civil, y los voluntarios de la Cruz Roja.

Y por supuesto, con el respaldo permanente de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, que con entrega y patriotismo están siempre dispuestos a servir y auxiliar a las y los mexicanos, arriesgando incluso su propia vida. Desde aquí siempre nuestro reconocimiento y respeto.

Señoras y señores legisladores:

El diálogo entre los Poderes de la Unión, como el que hoy llevamos a cabo, es fundamental para el avance del país y la consolidación de nuestra democracia.

Se trata de un diálogo que debe ir más allá del protocolo y la obligación constitucional.

Que debe ser permanente, para fortalecer las políticas que están generando resultados positivos y definir nuevas rutas de acción de cara a los retos compartidos.

Esa es la mejor manera de seguir abriendo horizontes con y para los mexicanos, para las ciudadanas y los ciudadanos que han depositado su confianza en nosotros.

Actuando, como es convicción del Presidente de la República, en corresponsabilidad y con altura de miras.

Porque una nación se fortalece con la unidad de sus integrantes, pero demuestra su entereza cuando esa unidad se mantiene de cara a cualquier desafío.

Que así suceda, depende de cada uno, de cada uno de todos nosotros.

Quedo atento a sus preguntas y muchas gracias por su atención.
 

-Dirección General de Comunicación Social-

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Última modificación:
Sabado 19 de diciembre de 2015 a las 17:04:25 por Prensa Prensa